Ante la ley, desde el 2015, se ha reconocido el cambio de nombre y el género que figura en los documentos de identidad, sin embargo, entre la sociedad aún persiste la desigualdad y discriminación hacia la población trans, pues hay cuestiones que no se pueden cambiar solamente a “golpe de ley”.
A decir de Helena López González de Orduña, académica del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la UNAM, en este tema se requiere del convencimiento de la población de que es mejor para todes vivir en sociedades incluyentes y tolerantes.
Con motivo del Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, la experta en estudios culturales, literatura, estudios de género y sexualidad, alerta que los problemas que enfrenta esa población son numerosos.
Pues ellos viven diferentes formas de desigualdad y discriminación, comenzando por la idea de que lo trans es una patología o enfermedad, una “diferencia incómoda”.
“No dejará de sorprenderme la estigmatización social, y el sufrimiento que ocasiona, algo en principio tan inocuo como que alguien decida expresarse con su cuerpo de cierta manera”, enfatiza.
Lo trans, detalla López González de Orduña, son las experiencias y expresiones de personas que en el momento del nacimiento son asignadas con un sexo y un género y que en el transcurso de sus vidas se desidentifican con esa atribución.
“El término intenta comunicar esa multiplicidad de experiencias corporales y la resistencia al encasillamiento”.
Esta población también enfrenta varios tipos de violencias emocionales y físicas, las cuales se incrementan en los últimos años. La cifra del Observatorio de Personas Trans Asesinadas indica que en México, de 2008 a septiembre de 2021, se registraron 593 transfeminicidios, lo cual coloca a nuestro país en segundo lugar de las naciones donde más se comete ese delito, sólo después de Brasil.
La universitaria cuestiona en qué nos amenaza como sociedad el hecho de que alguien se exprese corporalmente como quiera. “Detrás de tanta violencia contra la diversidad y la disidencia sexo-genérica, lo que hay es un gran temor a contravenir la heteronormatividad”.
Aunado a lo anterior, recalca la integrante del CIEG, esa población padece violación de sus derechos humanos fundamentales: a la identidad, educación, salud, trabajo, entre otros.
Por ejemplo, es discriminada e incomprendida en los centros sanitarios, por lo cual se requieren más iniciativas como la Unidad de Salud Integral para las Personas Trans de la Ciudad de México, inaugurada el 1 de octubre pasado, única en el país y de referencia en Latinoamérica.
La Ley de Identidad de Género ha sido aprobada por casi la mitad de las entidades federativas (Ciudad de México, Coahuila, Colima, Chihuahua, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala); gracias a ella se garantiza el derecho a la identidad de género sin recurrir a peritajes médicos.
Sin embargo, acota, únicamente es aplicable a personas mayores de edad (con la salvedad de cuatro entidades federativas), quienes con un trámite administrativo pueden cambiar su identidad de género y su nombre, con efecto en distinta documentación.
Para los menores de edad, la capital de la República mexicana, por ejemplo, emitió en agosto pasado un decreto que permite a los adolescentes mayores de 12 años modificar la identidad de género en su acta de nacimiento, también mediante un proceso administrativo.
Aunque esas medidas representan avances, aún falta por hacer. Por ejemplo, se requieren leyes de cupo laboral, que en México no existen. “Hay una de referencia en el continente, en Argentina, donde una legislación fue aprobada hace poco tiempo para garantizar que en los espacios laborales públicos sean, al menos, en uno por ciento ocupados por personas trans”.
A partir de los ámbitos educativos hay que impartir materias, asignaturas y otras actividades formativas que sensibilizan a la gente más joven, como ocurre en la UNAM.
Eso también debe suceder con las infancias. Educación y divulgación en medios de comunicación, redes sociales y espacios culturales permitirán fomentar el respeto y la tolerancia en la población universitaria y el resto de la sociedad, concluye la académica. PdC.
