No hay duda que con los adelantos tecnológicos la vida se hace más ligera en muchos aspectos, sin embargo no todo es miel sobre hojuelas, pues así como tiene sus ventajas también sus contras.
Con las redes sociales y el internet, la comunicación y el envío de mensajes son casi instantáneo, desde un sencillo saludo hasta fotografías, audios, videos, documentos y no se diga transferencia de dinero.
Ayer se comentaba que cerca de 102 millones de mexicanos son usuarios de las redes sociodigitales, personas que quedamos a merced de actos que violentan nuestra seguridad.
Tengamos mucho cuidado y siempre alertas pues la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Condusef, alerta que en lo que va de este 2022 se han registrado más 16 mil robos de identidad y fraudes cibernéticos reportados.
Datos de Fortinet, empresa que se dedica al desarrollo y comercialización de software, dispositivos y servicios de ciberseguridad, México es el país más atacado en la región de Latinoamérica.
Se encontraron más de 18 mil detecciones de ransomware (un tipo de programa dañino que impide a los usuarios a acceder a sus archivos personales y que exige el pago de un rescate para poder acceder de nuevo a ellos); así que en la región se registraron 137 mil millones de ciber-ataques en la primera mitad del 2022.
Lo que representa 50 por ciento más de ataques en comparación con la primera mitad del 2021, con 91 mil millones de ataques.
Es por esta problemática que la Cámara de Senadores exhorta a la Fiscalía General de la República, y a sus homólogas en los 32 estados, a dar seguimiento y respuesta eficaz a las denuncias realizadas por usurpación de identidad, a través de dispositivos de las tecnologías de la información y comunicación.
En un dictamen que se aprobó el 9 de noviembre, el Senado pidió evaluar y diseñar un programa integral apegado a estándares internacionales para proteger y garantizar el derecho humano a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas.
Los legisladores reconocieron que en el país no existe una cultura pública para la denuncia; sin embargo, la FGR cuenta con al menos cinco mil carpetas de investigación abiertas relacionadas a delitos cibernéticos.
Y es que, como dijeran los senadores, el hackeo, espionaje e intimidación por medios tecnológicos, informativos y de comunicación, no se limita al entorno político y a quienes participan en la vida pública del país, sino que a todos los que en algún momento estamos en la red.
Estas nuevas formas de transgredir las esferas del derecho -señalaron-, exponen a toda la ciudadanía, pues en México se sufren los estragos de este nuevo sistema de ataque político. PdC.
Foto de Ola Dapo.
