Culpables o inocentes, a nosotros no nos toca ni calificar, ni juzgar, mucho menos sentenciar. Existen miles de mujeres privadas de la libertad que por su condición no tienen acceso ni siquiera a los artículos de primera necesidad de higiene personal, ni de limpieza, menos a la atención médica y ginecológica.
Por eso un grupo de senadores trabajan desde su trinchera y presentaron una iniciativa para garantizar el derecho humano a la salud de las mujeres privadas de la libertad, así como su acceso a la higiene menstrual.
Geovanna Bañuelos de la Torre, Miguel Ángel Lucero Olivas y Joel Padilla Peña, plantearon que en los centros penitenciarios se establezca la obligación de contar con agua corriente salubre, aceptable, asequible e ininterrumpida, así como elementos de gestión menstrual y artículos de aseo e higiene personal y de limpieza.
También destacaron la necesidad de incorporar como derecho, la realización de jornadas médicas cada dos meses para ampliar la cobertura de la atención médica.
Pidieron que la autoridad penitenciaria capacite de manera continua al personal médico, de seguridad y custodia de estos establecimientos, con un enfoque de género y de derechos humanos.
En relación con el personal médico responsable en los centros penitenciarios, propusieron que, además de contar con cuando menos un médico responsable, un auxiliar técnico sanitario y un odontólogo, debe haber un psicólogo y una ginecóloga mujer.
La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXV del artículo 3, la fracción V del artículo 10, el inciso II del artículo 76 y el artículo 78, y que adiciona un nuevo párrafo al artículo 14, todos ellos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, fue turnada directamente a las comisiones unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos Segunda, del Senado (@senadomexicano). PdC.
