Quien decide interrumpir un embarazo tiene razones para ello y debe gozar del derecho para hacerlo, considera la historiadora Patricia Galeana Herrera, académica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
Sin embargo, comenta, cuando Estado e Iglesia penalizan y criminalizan a las mujeres, aquellas de escasos recursos que viven en un estado donde está sancionado y no pueden viajar a la capital de la República Mexicana o a cualquier entidad federativa donde lo han despenalizado, recurren a clínicas clandestinas y acaban, en numerosas ocasiones, con su vida, porque mueren por infecciones o hemorragias.
Al dictar la conferencia inaugural del Ciclo de videoconferencias: Relaciones de género y sexualidad en el México del Siglo XX, organizado por el Centro de Enseñanza para Extranjeros (CEPE), consideró que el aborto es un problema de salud pública y justicia social.
Refiere que en el mundo, 59 por ciento de las mujeres tiene acceso a un aborto legal y únicamente en 64 países está despenalizada la interrupción voluntaria del embarazo; en América, Argentina, Canadá y Colombia está permitido, mientras que en Europa lo aprueban 38 naciones; Asia, 14; África, cinco; y en Oceanía tres.
Mientras que en 24 países lo prohíben bajo cualquier circunstancia. En Nicaragua, por ejemplo, a partir del triunfo de la Revolución se constituyó en uno de los primeros países latinoamericanos donde se despenalizó sin pedir causales.
No obstante, cuando el presidente nicaragüense Daniel Ortega se integró a la religión cristiana se registró una regresión de 180 grados con la prohibición total.
Galeana Herrera puntualizó que en México se han realizado intentos por establecer un código penal general en asuntos que afectan derechos fundamentales como este.
Sin embargo, dice que existe oposición del Congreso para que esto prospere, con lo que se rompe la igualdad de la que deben gozar las mexicanas, pues si radican en cualquier entidad de las 20 donde aún está penalizado, no pueden ejercer el derecho a decidir sobre su propio cuerpo como lo hacen aquellas que viven en la Ciudad de México, lo que rompe la igualdad jurídica que debemos tener las mujeres en el país.
“El lema de las marchas en las que hemos participado para buscar que se reconozca el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo es: educación sexual para decidir, anticonceptivos para prevenir y despenalización del aborto para no morir”. PdC.
Foto de Polina Tankilevitch.
